¿Cuál es la realidad sobre el hambre en el mundo?

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), afirma que hay más de 1000 millones de personas que padecen desnutrición en el mundo y más de 2000 millones de personas carecen de vitaminas y minerales esenciales en su alimentación. Unos 6 millones de niños mueren anualmente a causa de malnutrición o enfermedades relacionadas. Aunque hay la creencia extendida de que las muertes por hambre ocurren en tiempos de guerra o hambruna, la verdad es que sólo el 10% son resultado de conflictos armados, catástrofes naturales o condiciones climáticas excepcionales. Y el 90% restante son muertes causadas por la falta de acceso a una alimentación adecuada de forma crónica.

Más de 1000 millones de personas, la mayoría habitantes de países subdesarrollados, no tienen acceso a una dieta adecuada. Sin embargo, esta situación no se corresponde con la disponibilidad de alimentos por habitante, ya que se ha incrementado más de un 20% desde 1960. Así que, mientras 14 de cada 100 habitantes de la Tierra sufren de hambre crónica en algunos países desarrollados han aumentado los problemas de obesidad y sobrealimentación.

La lucha contra el hambre es una cuestión de derechos humanos jurídicamente obligatoria para muchos países. El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (art. 25), ya que se aprobó por 40 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones. Los derechos consagrados en esta declaración se entienden que brotan de la misma naturaleza humana y que son superiores a cualquier legislación positiva. Se entiende además que son derechos universales inviolables e inalienables. 

Pero, por sí misma, la DUDDHH sólo tiene un valor ético. Por ello, los países signatarios decidieron elaborar acuerdos que tuvieran carácter vinculante, así que en 1966 fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos  Sociales y Culturales en el cual está incluido el derecho a la alimentación (arts.111/112).  Este pacto establece cuatro obligaciones de los Estados firmantes: 1) la obligación de respetar el acceso ya existente a una alimentación adecuada, 2) proteger la alimentación adoptando medidas para procurar que las empresas o  los particulares nos priven de ella, 3) también deben facilitar el acceso de las personas a la alimentación y 4) cuando un grupo o un individuo sea incapaz de acceder a una alimentación adecuada deben proporcionársela.

Además, este derecho está recogido en varios tratados regionales y constituciones nacionales. Y también se ha especificado el derecho a la alimentación de algunos colectivos en varias convenciones internacionales, como es el caso Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad de 2006.

Y en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, convocada por la FAO, se aprobó la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, en la que los participantes de la cumbre se comprometieron a aplicar, vigilar y dar seguimiento al Plan de Acción a todos los niveles, en cooperación con la comunidad internacional, con la finalidad de reducir a la mitad el número de personas desnutridas antes del 2015. Esta promesa se ratificó en la Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000. Y en 2004 la FAO aprobó las Directrices Voluntarias en apoyo a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, dando orientaciones prácticas a los Estados para la aplicación de este derecho.

El  relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación define este derecho como: “El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice un vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”. Por lo tanto, cabe destacar tres aspectos  necesarios para satisfacer este derecho, que son la disponibilidad, la accesibilidad y la idoneidad de los alimentos.

El derecho a la alimentación no es un derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad, es decir, que este derecho requiere que los Estados provean  una atmosfera propicia para que las personas puedan utilizar su plena potencialidad para producir o adquirir alimentación adecuada para ellos mismos y sus familias. No obstante cuando la población no pueda alimentarse por sus propios medios a causa de conflictos o desastres naturales, el Estado debe subministrar alimentación directamente.

Hay que recordar que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles e interrelacionados. Y esto significa que con la violación del derecho a la alimentación se corre un alto riesgo de menoscabar otros derechos humanos y viceversa; Como es el caso del derecho a la salud en que la nutrición juega un papel capital; El derecho a la vida, ya que si las personas no se pueden alimentar corren  riesgo de muerte; La carencia de una vivienda adecuada para preparar y almacenar alimentos o el precio excesivamente elevado de esta pude poner en peligro la alimentación de sus habitantes;  El hambre y la desnutrición afectan a la capacidad de aprendizaje de los niños con lo que se menoscaba su derecho a la educación; El derecho a la seguridad social y al trabajo son fundamentales para obtener alimentos; El derecho a la información es fundamental para el derecho a la alimentación, ya que permite a las personas conocer los alimentos, la nutrición, los mercados y la asignación de recursos, así refuerza la participación y la libertad de opción de los consumidores (y como veremos este es un punto candente en debate sobre los alimentos transgénicos). La FAO también afirma que  los niños que sufren desnutrición son más vulnerables a realizar trabajos penosos con el fin de subsistir y que la privación deliberada de alimento se considera tortura.

Las personas que viven en la pobreza no pueden ejercer plenamente el derecho a la alimentación porque no pueden comprar alimentos adecuados ni tienen los medios para cultivarlos ellos mismos. Debido a esto, el Relator especial de la ONU, Jean Ziegler, mantiene que el debate sobre las medidas que deben tomarse para garantizar el derecho a la alimentación requiere un examen crítico de las condiciones macroeconómicas que determinan el desarrollo insuficiente de la sociedad del Sur, e identifica siete factores que afectan directamente a la realización del derecho a la alimentación, como por ejemplo: los problemas relacionados con el comercio mundial, la influencia de la biotecnología en el acceso, la disponibilidad y seguridad de la alimentación y el acceso a la tierra y el crédito. El relator, también afirma “que las instituciones de Bretton Woods, junto con el gobierno de los EEUU y la OMC se oponen en la práctica al derecho a la alimentación mediante el Consenso de Washington, poniendo el acento en la liberación, la desregulación, la privatización y la limitación de los presupuestos nacionales, modelo que en muchos casos produce mayores desigualdades”.

La actividad de las empresas privadas también tiene un efecto sustancial sobre el ejercicio del derecho a la alimentación, ya que comparando con la salud o la educación, el sector privado desempeña una función significativamente mayor que el sector público. La mayor parte de alimentos son producidos, procesados, distribuidos y comercializados a través de entidades privadas. Esto significa que el sector privado juega un papel clave en la garantía y el mejoramiento de la salud alimentaria. Pero las empresas privadas suelen afectar negativamente al ejercicio del derecho de las personas a la alimentación de distintas formas, ya que las grandes empresas juegan con una ventaja desproporcionada en la competencia por la tierra, los recursos y el acceso al mercado. Esta situación lleva a la marginación de los pequeños productores y, como resultado, se pone en juego su seguridad alimentaria. Las empresas privadas  también menoscaban el derecho de las personas al acceso a una alimentación adecuada vendiendo alimentos o simiente  inseguros y comercializando productos con información engañosa o insuficiente.

La especulación descontrolada en alimentos y recursos productivos necesarios para la producción de alimentos puede provocar el aumento del precio de los alimentos y dificultar  el acceso de las personas a estos. Este es el caso del aumento del precio de la tortilla en Méjico, que se debe a el acaparamiento del mercado por parte de los grandes productores estadounidenses, así que para los mejicanos es más barato comprar maíz transgénico importado de EEUU que cultivarlo ellos mismos, ya que el maíz  norteamericano está subvencionado por los contribuyentes. Esta situación pone en peligro el ejercicio del derecho al acceso a la alimentación por parte de la población mejicana,  ya que el maíz juega un papel básico en la dieta del 97% de la población mejicana.

En derecho internacional, los Estados tienen la obligación de proteger a las personas que viven bajo su jurisdicción contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por actores no estatales, incluso las cometidas por grandes corporaciones. Aunque los tratados internacionales no se refieran directamente a las obligaciones del sector privado en materia de derechos humanos, se reconoce cada vez más, incluso en el Consejo de Derechos Humanos y en los instrumentos regionales e internacionales no vinculantes, que las empresas tienen una responsabilidad respecto de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación. Esto significa que las empresas y otros actores no estatales no deben obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos y que es necesario que las víctimas cuenten con recursos efectivos en caso de sufrir daños[1].

Silvia Bailén


[1]  Naciones Unidas, Derechos Humanos. El derecho a la alimentación adecuada: Folleto informativo nº 34.  (p29)

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