Alimentación patentada

Las grandes corporaciones biotecnológicas tienen patentada una amplia variedad de organismos transgénicos, y también las técnicas con la que los produjeron. Las patentes les conceden derechos exclusivos de propiedad industrial sobre organismos, genes o procesos durante un máximo de veinte años. En el ámbito de la producción alimentaria, la venta de semillas de cultivos transgénicos patentados es lo que genera mayores beneficios. Los agricultores, especialmente los del Tercer Mundo, pueden verse perjudicados por las patentes de semillas de cultivos.

Hasta el 1980 el poder legislador había excluido los organismos vivos del campo de las patentes, ya que estos existen independientemente de la acción humana y además pueden reproducirse por sí solos. Pero las empresas como Monsanto dedicadas a las variedades vegetales modificadas genéticamente estaban preocupadas por recuperar la inversión hecha. Las empresas de semillas ya habían conseguido que les atribuyeran el Certificado de Obtención Vegetal que representa el antecedente de la patente, pero todavía no podían coartar la libertad de los agricultores a replantar las semillas sobrantes. Pero en 1980, todo cambió cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró patentable un microorganismo transgénico. Este hecho daba vía libre lo que se llamó privatización del ser vivo.

La posibilidad de patentar organismos transgénicos ha permitido que las principales  industrias agroquímicas y biotecnológicas hayan redactado acuerdos de licencia. Estos acuerdos son unos documentos que los agricultores han de firmar y atenerse a ellos si  quieren utilizar las semillas transgénicas patentadas por las empresas. De este modo, las corporaciones pueden controlar la manera en que se utilizan sus genes patentados.

El Acuerdo sobre genes Roudup Ready 1966 de Monsanto, que los agricultores habían de firmar para comprar soja Roundup Ready otorgo a la empresa una gran influencia sobre el modo en que los agricultores utilizaban las semillas patentadas, los insumos que podían usarse para cultivarlas y permitía a Monsanto el acceso a las explotaciones agrícolas donde se cultivaban las semillas.

Los cultivadores tenían que pagar a la empresa un  canon tecnológico de cinco dólares por cada saco de veinticinco kilos, además del precio de la semilla, ya de por sí más elevado, y conceder el derecho a la empresa de inspeccionar y realizar pruebas en sus campos de soja durante un periodo de tres años. Los agricultores también estaban obligados a utilizar únicamente la marca Roundup, un herbicida de glifosato de Monsanto. La utilización de cualquier otra marca de glifosato se considera una violación del acuerdo. Y también tenían que rechazar a su derecho de guardar, volver a plantar o vender semillas.

Si no se respetan estos acuerdos, los agricultores están obligados a pagar a Monsanto, en concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma igual a cien veces la tarifa aplicable en su momento por el gen Roundup Ready, multiplicado por el número de unidades de semillas con el gen transferido, además de una cantidad importante en concepto de gastos y minuta de abogados. Por lo tanto, los agricultores corren el riesgo de perder sus explotaciones agrícolas con arreglo a lo que, hasta el momento, se había considerado como Derechos de los Agricultores.

El concepto de Derechos de los Agicultores, aprobado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1989, y reconocía que los agricultores tenían derecho a la tierra y su tenencia, así como el derecho a guardar y a intercambiar semilla. En cambio, la opinión de Monsanto es que el derecho del agricultor a guardar o intercambiar semillas supone infringir sus derechos de patente. El acurdo de esta licencia también se aplica al resto de cultivos modificados genéticamente, aunque los detalles del acuerdo varían en cada caso particular[1].

Las naciones más pobres del mudo dan cuenta del 95,7% de los recursos genéticos mundiales. Entre las prácticas agrícolas tradicionales se encuentra el guardar semillas de la cosecha de un año para plantarlas el año siguiente. Esta práctica supone un ahorro de dinero en la compra de semillas. Sin embargo, con las semillas transgénicas, es obligatorio abonar a las empresas titulares de la patente una suma en concepto de derechos.

Según las disposiciones del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y la OCM, los agricultores están obligados a pagar grandes cantidades a las empresas biotecnológicas si guardan semillas para replantarlas, aunque el cultivo sea autóctono de su país. En caso de los cultivos híbridos, la semilla no puede volver a sembrarse y hay que comprarla cada temporada. Por consiguiente, las corporaciones biotecnológicas tienen el interés en promover las semillas transgénicas patentadas, en detrimento de otras semillas, para los principales cultivos alimentarios, y no para aumentar la producción y terminar con el hambre en el mundo, como ellos dicen, sino, para enriquecerse.insecticida-flor-de-nim

 Los acuerdos comerciales y la legislación sobre patentes esta restringiendo los usos tradicionales de plantas en el Tercer Mundo. En la India se ha utilizado durante siglos el árbol del Nim como insecticida, además de para muchos otros usos tradicionales. Y supone un modo de proteger los cultivos económico y respetuoso con el medio ambiente, sin embargo, ni los métodos tradicionales ni los métodos modernos de extracción desarrollados por los científicos indios están protegidos por la legislación nacional sobre patentes. Esto lo han aprovechado las empresas agroquímicas estadounidenses para obtener varias patentes de recetas para elaborar soluciones con Nim. Este hecho es lo que se denomina como piratería intelectual.

La biopiratería queda bien ilustrada por la patente del arroz basmati, que se otorgó a la empresa tejana RiceTec en 1997. Aunque en realidad, este arroz se deriva del arroz basmati indio cruzado con otras variedades nativas  desarrolladas por agricultores asiáticos a lo largo de los años. Pero la patente de RiceTec afirma que es un invento de la empresa. Con esta patente, RiceTec amenaza el mercado de exportación de los agricultores que han cultivado esta variación de arroz durante generaciones. Por lo tanto, la biodiversidad de los países en desarrollo se piratea en beneficio de las empresas biotecnológicas en vez de para el bien público. Los países en vías de desarrollo, cuya legislación es escasa, son el lugar ideal para que los exportadores de semillas de las empresas biotecnológicas sin escrúpulos vayan a buscar semillas con potenciales aplicaciones comerciales. De especial interés son las selvas y los grandes bancos genéticos de los países pobres. Según Ghristian Aid, la biopiratería está quitando unos ingresos de 4500millones de dólares al año a estos países del Tercer Mundo.

multinacionales-transgenicosActualmente, seis multinacionales controlan el 70% de las patentes de los cinco cultivos alimentarios principales; arroz, maíz, soja y sorgo. Y grandes cantidades de recursos genéticos procedentes de países pobres ya se encuentran en los bancos genéticos y jardines botánicos de los países ricos. Las empresas biotecnológicas y agroquímicas, consideran que estas semillas vegetales deben quedar fuera de la Convención sobre Diversidad Biologica de las Naciones Unidas, que afirmó que las compañías deben compartir los beneficios generados por vegetales con los países donde estos se encontraron.

Con esta situación, es razonable que exista el temor a que se sigan ampliando los derechos de patentes y las grandes corporaciones acaben siendo titulares de patentes que contemplen cualquier modificación de los cultivos alimentarios importantes. El flujo de tecnología, información y material genético hacia los países en vías de desarrollo se ve reducido con las patentes biotecnológicas. Esto supone una diferencia respecto a la situación que se daba con los Derechos de los Obtenedores, donde se intercambiaba material e información en beneficio de los países del Tercer Mundo[2].

Finalmente, está la polémica relacionada con la Tecnología Terminator, que impide que el cultivo se pueda reproducir a partir de su propia semilla al año siguiente, y así, asegurarse que los agricultores estén obligados a comprar semillas en cada etapa de siembra. Esto se consigue manipulando genéticamente las plantas con el objetivo de que produzcan una proteína tóxica al final de su crecimiento, y es así como se hacen estériles las semillas. Esta técnica fue creada por Melvin Oliver y fue bautizada como “Sistema de protección de la tecnología”.

La tecnología terminator es el punto más controvertido según los detractores de los alimentos modificados genéticamente, porque para ellos es una prueba del verdadero interés de estas empresas. Esta tecnología es totalmente contraria al objetivo de la  Segunda Revolución Verde impulsada por estas empresas, las cuales afirmaban que esta tecnología erradicará el hambre en el mundo.

manifestacion- contra la tecnologia terminator


[1] Nottingham, Stephen. Come tus genes: Como los alientos transgénicos están en nuestra dieta. Barcelona, Paidós Controversias, 2004. (p 235)

[2]  Nottingham, Stephen. Come tus genes (p 244-252)

Silvia Bailén

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